Los que afirman que una Catalunya independiente saldría
de la UE agumentan que un nuevo estado, por mucho que provenga de una escisión
de un estado miembro, debería someterse al largo proceso de admisión que
implica cumplir todos los criterios establecidos en el artículo 49
del Tratado de Lisboa de la
UE. Además , al ser necesaria la votación unánime de todos los
estados miembros para admitir a uno nuevo, arguyen que eso sería imposible
porque España votaría en contra (aunque todos procuran no verbalizarlo y
siempre ponen como ejemplo a Francia).
En ese supuesto, España estaría en su pleno derecho
de votar en contra de la admisión de Catalunya en la UE, faltaría más, pero cabría
preguntarse cuáles serían sus motivaciones. Desde luego no pueden ser
económicas porque buena parte de las empresas españolas tienen clientes o
proveedores en Catalunya y se verían perjudicadas. Además, la mayoría de las
exportaciones de España hacia Europa pasan por carreteras catalanas y sería
absurdo que ellos mismos abogasen por poner fronteras. Entonces, si la salida
de Catalunya de la UE perjudicaría también a España ¿por qué votar en contra de
ello?
Duele escribirlo y seguro que también leerlo, pero
es obvio que, una vez Catalunya ya sea independiente, sólo hay una razón que
pueda mover el voto en ese sentido: venganza.
En ese sentido, los catalanes y españoles que hoy
residen en Catalunya y que votarían no a la independencia deben tener un
sentimiento cuanto menos extraño hacia esta postura de España. Más de uno
podría preguntarse cómo sus compatriotas sin más razón que la venganza están
dispuestos a perjudicarles, pues ellos también se verían afectados por esa
decisión (aunque conserven la nacionalidad española y no pierdan la ciudadanía
europea, no dejarían de residir en Catalunya y, por tanto, su situación
económica estaría ligada a la suya).
La interpretación de los catalanes, en cambio, es
muy diferente. En ningún artículo del Tratado
de Lisboa de la UE se especifica qué sucedería en caso de que un territorio
se escindiera de un estado miembro y, por tanto, deberia negociarse
políticamente, igual que sucedió, por ejemplo, con la reunificación de
Alemania. O como debería suceder si Escocia finalmente se independizara tras el
Brexit. ¿O alguien se imagina que Flandes, territorio que rodea Bruselas
capital de la UE, quedase fuera de la UE? Sería curioso que los europarlamentarios
para llegar a la capital de la UE tuvieran que pasar por suelo “extranjero”
pues el aeropuerto de Bruselas está en territorio de Flandes…
Por tanto, la salida o no de Catalunya de la UE no
respondería a motivos legales sino a la voluntad política de los diferentes
estados miembros. El periodista Ortega y el
profesor de Derecho Comunitario Areliza analizan en su artículo Escesión
y Permanencia en la UE todos los condicionantes de esta situación. Sus conclusiones
finales son que eso perjudicaría a todas las partes, Catalunya, España y la propia UE , por lo que la
lógica indica que, una vez la amenaza ya no tuviera sentido al estar cumplida
la independencia, todo sería cuestión de negociación política.
En este sentido, la valoración que hacen los medios españoles
es que muchos estados con tensiones territoriales presionarían para no sentar
precedentes (p.e. Francia con Córcega). La valoración desde el soberanismo es
que los intereses económicos tendrán mucho más peso. Todas las multinacionales
alemanas, francesas, italias, etc…establecidas en Catalunya con inversiones que
difícilmente son movibles presionarían para evitar una salida de la UE que les
perjudicaría tanto en sus exportaciones como importaciones. Algunas multinacionales
como BASF
y Dow Chemical ya se han expresado en este sentido, asegurando sus
directivos que en una Catalunya independiente mantendrían sus plantas en el
territorio catalán.
Es más, la primera interesada en no construir
barreras arancelarias sería la
propia España : en el 2008, el 47%
de las exportaciones españolas en volumen a Europa fueron vía carretera o
tren, y la mayor parte de estas se realizaron a través de Catalunya. Si
Catalunya estuviera fuera de la UE, todas estas exportaciones españolas
tendrían que o bien sufrir los costes de cruzar dos veces la frontera (entrada
y salida en Catalunya), o bien el sobrecoste de desviarse hasta Irún, la otra
única entrada a Francia por vía rápida o tren. La alternativa de construir el
corredor central del Pirineo no solventaría estos problemas porque es
totalmente inviable. La UE ha vuelto a denegar su inclusión dentro de las
prioridades europeas y, sin ese apoyo, España no dispone de recursos para
acometer tamaña obra, menos en la situación actual de crisis. Y, en todo caso,
Francia ya ha asegurado repetidas veces que no está dispuesta a construir las
conexiones necesarias en su territorio.
Finalmente, también deberíamos tener en cuenta la
opinión no sólo de los políticos, sino también del pueblo, en este caso
europeo. ¿Alguien puede imaginarse que los ciudadanos europeos del siglo XXI,
posiblemente los que más abanderan los valores de la democracia y la justicia
social en todo el mundo, acepten sin inmutarse que los catalanes queden apartados
de Europa porque uno de los estados miembros, España en este caso, vete el
proceso sin más argumento que la represalia o venganza?
Aún asumiendo el peor de los escenarios, que
Catalunya se quedase fuera de la UE, cabe recordar que son muchos los países
europeos que no forman parte de ella pero disfrutan de niveles de vida muy
superiores a la de los españoles como por ejemplo Suiza o Finlandia.
¿Por qué sucede esto? Porque en realidad la gran
ventaja de pertenecer a la UE es la libre circulación de personas, capitales y
mercancías, y para disfrutar de estas ventajas no es necesario formar parte de
ella. A través de tratados bilaterales o multilaterales son muchos los países
que no forman parte de la UE y que disponen de estos acuerdos con la UE (por
ejemplo el Tratado
de Schengen para la libre circulación de personas). Y para firmar estos
acuerdos no es necesario el voto unánime de los estados miembros sino tan sólo
una mayoría cualificada (artículos 207
y 218
del Tratado de Funcionamiento de la UE). Es decir, España nunca podría
boicotear estos acuerdos.
Sin duda, la UE sería la primera interesada en
firmar estos acuerdos para no perjudicar a las empresas de sus estados miembros
que hoy exportan a Catalunya o desde Catalunya (el PIB de Catalunya es muy
similar al de Grecia, Portugal o Irlanda, y por tanto el impacto de su
desaparición del mercado único no sería nada desdeñable!).
Así y todo, algunos argumentan que todas estas
negociaciones, tanto para la entrada en la UE como para los tratados
bilaterales, se alargarían en el tiempo de forma que la economía catalana sería
seriamente perjudicada. De nuevo no tiene porqué ser así. Tan sólo sería
necesario que Catalunya no ejerciera la separación hasta que estuvieran
firmados y, en todo caso, igual que sucedió con la reunificación de Alemania,
todas las partes estarían interesadas en acortar los plazos lo máximo posible.
En realidad, sería mucho más costoso en tiempo y dinero para los dos partes, UE
y Catalunya, volver a establecer “fronteras” a la circulación de personas,
dinero y mercancía, que no la negociación política para crear un nuevo marco legal
donde se mantuviera la situación actual.
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